Barcelona. (EFE).- La Síndica Municipal de Greuges, Maria Assumpció Vilà, ha instado al Ayuntamiento de Barcelona a compensar a unos vecinos expropiados en el barrio de Torre Baró (Nou Barris) por los perjuicios causados en su realojamiento forzoso. Fueron obligados a comprar los nuevos pisos contando con una ayuda del ministerio que ha sido suprimida a posteriori.
En una resolución, la Síndica considera que el Ayuntamiento tiene que asumir parte de los costes porque fue la administración encargada de expropiar y reubicar y la que fijó las condiciones de la operación de venta de los pisos de protección oficial en los que fueron realojados los vecinos, en la calle Martorelles del mismo barrio. La defensora ha recibido las quejas de 33 familias del barrio de Torre Baró en una situación "angustiante" por "la imposibilidad de hacer frente a la hipoteca y por desperfectos en las viviendas fruto de una mala construcción", ha informado este lunes la Síndica.
Según Vilà, el Ayuntamiento de Barcelona condujo la expropiación y el realojamiento y obligó a los residentes a adquirir las viviendas con una ayuda ministerial por cinco años renovables que cubría hasta el 40% de la hipoteca. Ahora, sin embargo, la subvención ha sido suprimida y muchos vecinos nos saben cómo podrán hacer frente al crédito hipotecario. Vilà ha propuesto que el Ayuntamiento establezca una reparación económica a los afectados que se tendría que hacer extensible al resto de vecinos que adquirieron la vivienda, a pesar de no ser expropiados, contando con la ayuda ministerial.
Humedad y desperfectos
En las 33 quejas de los vecinos, que viven desde el año 2007 o principios de 2008 en las fincas, hacen constar además que los pisos sufren filtraciones de agua, humedad y condensación en el interior de las habitaciones, baldosas mal colocadas, deterioro de las puertas, placas solares, ascensores que no funcionan y arquetas de las cloacas que se atascan con facilidad.
Los vecinos se quejan también de que bajo una vivienda se ha instalado un transformador eléctrico de 25.000 vatios que no estaba previsto en el proyecto de la obra, con el riesgo que puede comportar para la salud. Estas viviendas de la calle de Martorelles son pisos de protección oficial en régimen de venta que fueron comercializados por el Patronato Municipal de la Vivienda.
Según los vecinos, en 24 de estos pisos viven los expropiados por el PERI (Plan especial de reforma interior) urbanístico de 1984 de Torre Baró y modificado el año 2003, y en otras 17 viviendas residen los beneficiarios de un sorteo del Consorcio de la Vivienda.
En opinión de la Síndica, los vecinos "se vieron embarcados por el Ayuntamiento en un cambio de vida no deseado por ellos y actualmente están sufriendo las consecuencias de la compra de una vivienda por la imposibilidad de asumir el coste de la hipoteca contratada después de la supresión de la subvención pública". "La supresión de la ayuda no era previsible a ojos de los afectados, pero lo tenía que ser para el Ayuntamiento, como conductor que era del negocio jurídico y como conocedor de la actuación administrativa de la Generalitat y del Ministerio y de los términos del convenio interadministrativo", añade la Síndica.
Negativa parcial del consistorio
El Ayuntamiento ha dicho a la Síndica que no es viable asumir de manera permanente y generalizada la cobertura de prestaciones o subvenciones que interrumpan otras administraciones, pero sí que podrá conceder ayudas a las familias que demuestren vulnerabilidad.
Unas veinte familias que no pueden pagar su recibo ya han empezado a presentar la documentación al consistorio, aunque todavía no saben cómo se las ayudará, pero otras 20 todavía esperan una respuesta municipal.
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