El parque de vivienda usada de Euskadi es, además de viejo, poco eficiente energéticamente. La certificación a la que en los últimos meses están siendo objeto los pisos existentes a la venta o alquiler así lo revela. De las 1.591 viviendas que han logrado su etiqueta energética desde junio de este año -fecha en la que entró en vigor la obligatoriedad para los pisos ya construidos-, ninguna ha obtenido la calificación A, B o C, es decir, las más eficientes. Además de esas 1.591, otras 5.858 ya han sido certificadas y esperan a formar parte del registro creado al efecto, un trámite que, según los agentes de la propiedad inmobiliaria, se prolonga hasta tres meses.
Para conseguir la etiqueta energética, los propietarios han tenido que contratar previamente a un técnico acreditado que, por alrededor de 200 euros, realiza el chequeo energético de la vivienda. Quienes vendan una vivienda sin la correspondiente etiqueta, se exponen a multas de entre 300 y 6.000 euros. El certificado se renueva cada diez años.
Como ya ocurre desde hace tiempo con las etiquetas energéticas de los electrodomésticos, que guían al comprador hacia el más eficiente, lo mismo sucede en el mercado inmobiliario. Desde el pasado 1 de junio, todas las viviendas que se vendan o alquilen deben disponer de su correspondiente etiqueta energética que informe a los compradores de las características en emisiones y consumo energético.
Hasta este año, la obligatoriedad afectaba solo a los edificios de nueva construcción y a grandes reformas (esa certificación no se incluía en ningún registro). El Real Decreto 235/2013 del pasado mes de abril extendió la obligatoriedad de la certificación energética a todos los edificios existentes o pisos y locales de estos inmuebles que se vendan o alquilen (se excluyen monumentos, lugares de culto y edificios aislados con una superficie total de menos de 50 metros cuadrados).
Para llevar a cabo la certificación, el propietario debe contratar a un técnico autorizado (arquitectos, aparejadores e ingenieros). Estos profesionales podrán realizar certificados de todo el edificio, si es que ponen de acuerdo a la comunidad, o en cada vivienda, de forma individual. Según las fuentes consultadas, la certificación de un piso de unos 80 metros cuadrados ronda los 200 euros, si bien el precio cambia dependiendo del tamaño de la vivienda, entre otros factores.
Al realizar un certificado energético se tienen en cuenta aspectos como la envolvente del edificio, es decir, la fachada, los ventanales, los tejados... No en vano, si la vivienda está bien concebida y aislada, reduce la demanda de energía. Otro factor importante son las instalaciones térmicas y eléctricas.
De la A a la G
Una vez analizados estos y otros aspectos, se realizan certificados con siete niveles, desde la A (ahorro) a la G (de gasto). Para llegar a esta calificación se tiene en cuenta el consumo de energía primaria no renovable (expresado en kW h/m2) y las emisiones de CO2 expresadas en KgCO2/m2. Así, por ejemplo, las viviendas calificadas con la letra A realizarían unas emisiones de hasta 10.1 KgCO2/m2 y un consumo de hasta 44,6 kW h/m2, mientras que las de la letra G superarían unas emisiones de 79,2 KgCO2/m2 y un consumo de 382,6 kW h/m2
Pues bien, hasta la fecha, ninguna de las viviendas usadas certificadas ha obtenido una calificación entre la A, B y C. Según los datos del Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad, donde se enclava la dirección de Energía del Gobierno Vasco, entre junio y noviembre de este año se han realizado en Euskadi 7.449 certificados en viviendas ya existentes. De ellos, de momento, solo 1.591 han pasado a formar parte del registro creado en Euskadi. Este trámite -que debe hacer el propietario pero que en la práctica recae en el profesional- es necesario para obtener la definitiva etiqueta energética, que el vendedor del piso deberá mostrar a quienes se interesen por su compra.
De esas 1.591, ninguna etiqueta energética es A, B o C. En el caso de Gipuzkoa, por ejemplo, de las 746 etiquetas expedidas, 367 (49%) son de la letra E y 203 de la G(27%), la menos eficiente. Según explica Javier Zarraonaindia, director de Energía y Minas del Gobierno Vasco, «la razón por la que no hay clasificaciones A, B y C es porque en su mayoría se trata de viviendas usadas a la venta», que forman parte de un parque más viejo y con menos eficiencia energética.
Rafael Niño, secretario de la delegación en Gipuzkoa del Colegio de Arquitectos Vasco Navarro, asegura que la ausencia de calificaciones A, B y C se debe «a que son certificaciones de viviendas construidas hace unos años, que tienen problemas y no están bien aisladas porque en muchos casos se construyeron en un período constructivo de desarrollismo».
«Un punto de picaresca»
José Luis Polo, presidente del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Gipuzkoa, confirma el hecho de que «tenemos un parque de viviendas muy antiguo y con unas condiciones constructivas en las que no se tenía en cuenta la eficiencia energética. Hay muchas viviendas sin un sistema de calefacción estable o que no han cambiado la carpintería exterior original». No obstante, el agente inmobiliario añade que, en las calificaciones, existe también un «punto de picaresca». Como recuerda, en el caso de que la calificación sea A, B o C, las viviendas deben someterse a un segundo control externo, que también hay que pagar. «Esto hace que mucha gente prefiera estar en la letra D que en la B o C. Dentro de unos años, cuando se valore el consumo energético en su justa medida será diferente», asegura Polo.
El director de Energía recuerda, asimismo, que la vivienda de nueva construcción entregada desde 2007 y 1 de junio de 2013 dispone ya de la certificación energética global del edificio pero no estaba obligada a inscribirse en el registro. «La obligación para inscribir la vivienda nueva en el registro creado es para los certificados emitidos a partir del 1 de junio de 2013», añade. El hecho de que desde junio no hayan entrado en el registro certificaciones de nuevas viviendas se debe a que «prácticamente no hay construcción de pisos nuevos».
De cara al futuro, en la dirección de Energía y Minas tratarán de incluir en el registro creado las certificaciones energéticas de edificios de nueva construcción donde las etiquetas energéticas tienen calificaciones más eficientes (A, B y C).
El registro vasco de certificaciones funciona desde julio, con un mes de retraso desde la entrada en vigor de la obligatoriedad. Este hecho ha provocado que, durante semanas, fuera imposible a los vendedores y arrendadores cumplir con la ley al no poder obtener en la práctica la etiqueta energética. No en vano, el paso por el registro es un requisito indispensable para cumplir la normativa, ya que solo entonces se obtiene la etiqueta energética definitiva. En la actualidad, el registro vasco tiene pendiente de emitir 5.858 etiquetas, después de que los técnicos competentes hayan presentado las certificaciones realizadas.
Según explica José Luis Polo, un arquitecto tarda entre 3 y 4 días en realizar el certificado; lo presenta en el registro en nombre del propietario, pero la inscripción y la tramitación de la etiqueta energética tarda tres meses. «Entiendo que se han volcado de golpe todos los datos de muchos certificados y requiere su tiempo», afirma.
Polo asegura que los agentes inmobiliarios colegiados están cumpliendo con la normativa y «prácticamente todas las viviendas que se captan para la venta o alquiler se publicitan con el certificado de eficiencia energética. Otra cosa es que tenga la etiqueta», por aquello de la demora en el registro.
«Un sacacuartos»
El presidente de los API de Gipuzkoa asegura que «la mayoría de la gente que quiere vender o alquilar un piso ha oído hablar del certificado energético, aunque considera que es un sacacuartos. Nosotros les explicamos lo que es y que es obligatorio. Todo lo que sea transparencia en el mercado bienvenido sea, y la certificación energética es un acto de transparencia».
Polo recuerda que la normativa obliga a tener la certificación cuando se publicita o se vende el piso. En el primero de los casos obliga a tenerla cuando se vende a través de una inmobiliaria pero, cuando la venta se realiza entre particulares, basta con disponer del documento en el momento de acudir a la notaría. «Así se pervierte el sistema porque el que tiene que tener información a la hora de decidir si compra o no es el consumidor. Lo exige el notario pero no es un trámite notarial», añade.
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