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martes, 11 de marzo de 2014

Afectados por la venta pisos del Ivima llevan su queja al Defensor del Pueblo

Torrejón de Ardoz, 10 mar (EFE).- Afectados en Torrejón de Ardoz por la venta de pisos del Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima) han presentado una queja en la oficina del Defensor del Pueblo.

La solicitud de amparo a la defensora del pueblo, Soledad Becerril, está rubricada por beneficiarios de las 224 viviendas sociales situadas en Torrejón de Ardoz que el Gobierno regional adjudicó en agosto a la empresa Sachs-Azora, junto a otras promociones pertenecientes al Ivima y situadas en otros diez municipios madrileños.

En relación a los perjuicios que podrían derivarse del cambio de titularidad de las viviendas, los afectados han contado con el asesoramiento del Grupo Municipal Socialista, ha informado el partido en un comunicado.

Los inquilinos han presentado también quejas al Ivima y la Agencia de Protección de Datos.

"Continuaremos acompañando a los vecinos afectados por esta situación", ha señalado el portavoz municipal del PSOE, Guillermo Fouce.

Sobre la venta de las 32 promociones del Ivima, el Partido Socialista de Madrid (PSM) presentó el pasado febrero una querella criminal contra la directora gerente del organismo, Ana Gomendio, que ha sido admitida a trámite por un juzgado madrileño.

En la querella, los socialistas acusan al Ejecutivo regional de un delito de malversación de caudales públicos y prevaricación continuada por vender 3.000 viviendas públicas por 200 millones, cuando, "en la peor valoración", según las mismas fuentes, los inmuebles "costarían cerca de 369 millones de euros".

Sobre la operación, el consejero de Vivienda, Pablo Cavero, ha afirmado que no impedirá a los inquilinos de los pisos del Ivima mantener las mismas condiciones con los nuevos propietarios.

Las viviendas adquiridas por Azora -en el marco de una operación financiada por el fondo de inversión estadounidense Goldman Sachs- tienen un máximo de 70 metros cuadrados y su renta de alquiler es de entre 370 y 520 euros al mes, según el municipio y la superficie útil del inmueble.

amh/jcf



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