Con la llegada de la crisis financiera la ocupación de los pisos vacíos se ha convertido en un floreciente negocio ilegal en Madrid.
Es un mercado que apenas genera publicidad. Pero existe y se extiende. La venta (entre comillas) y alquiler (entre comillas) de casas ocupadas ilegalmente cada vez tienen más clientes. En Madrid actualmente hay más de trescientos mil pisos vacios, la mayor parte era de familias que han sido desahuciadas o pertenecen a los bancos, pero están inhabitados. Bandas organizadas los ofrecen por un precio de venta de entre un mil y dos mil euros. El alquiler es entre doscientos y cuatrocientos euros mensuales. Los criminales aseguran la apertura de la puerta de la vivienda, agua y luz. Algunos garantizan hasta calefacción.
El término “okupa” procede de la palabra ocupación. La ocupación de viviendas abandonadas no es nada nueva para España donde se conoció su gran auge durante los años setenta. Pero solo con la llegada de la crisis financiera se ha convertido en un negocio ilegal tan floreciente. El impago de hipotecas y de alquileres ha generado una doble consecuencia: muchas personas han sido desahuciadas y se han quedado sin hogar y paralelamente el número de viviendas vacías se ha incrementado. Uno de los resultados de esta combinación de factores ha sido el aumento de las ocupaciones ilegales. Nadie sabe cuántas son.
En Madrid, la mayor parte de los grupos criminales que se dedican al nuevo y lucrativo negocio operan en el sur de la metrópoli donde se concentran inmuebles de bancos que están desocupados y viviendas públicas, según la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM). Las bandas organizadas de cada barrio con suficiente número de pisos vacios saben perfectamente qué viviendas carecen de moradores y facilitan esa información a los interesados por cierta cantidad de dinero.
Hay tarifas claras para sus servicios. Según el diario nacional El País, solo abrir la puerta de un piso vacío vale entre doscientos y quinientos euros. Si el cliente quiere quiedarse tendrá que elegir entre el alquiler ficticio y la venta ficticia.
Las razones de ese fenómeno criminal radican tanto en las imperfecciones de la legislación española, como en la precaria situación económica de una gran parte de la población. El ahorro a causa de alquilar (entre comillas) o comprar (entre comillas) una casa ocupada ilegalmente puede ser muy importante. El alojamiento está asegurado hasta que un juzgado le expulse. Y pueden pasar muchos meses, incluso años.
Uno de los ejemplos es el caso de Gonzalo, un madrileño de veinticinco años, que sostiene que su “casa” ocupada por él ilegalmente goza de todas las necesidades de un piso de alquiler desde que fuera abierta, “con una patada”, hace ocho meses. Lo primero que hizo fue cambiar la cerradura y estar 72 horas sin salir a la calle para tener el amparo de la Ley.
Transcurrido el tiempo necesario pinchó la electricidad a la toma general y con eso consiguió luz, agua caliente y calefacción. El resto, depende de cada persona. Se puede vivir con grafitis y pintadas anarquistas como decoración ‘underground’, o con más lujo como sucede en algunos edificios de nueva construcción ocupados en la periferia.
La última reforma del Código Penal aprobada en 2010 endurece la pena por usurpación violenta. Sin embargo, en lo relativo a la usurpación no violenta – u ocupación – no hubo cambio alguno; se mantiene la pena de multa de tres a seis meses.
Lo habitual – sobre todo en zonas con alta densidad de población, como Madrid – es que sólo se ingrese en prisión en caso de acumular una condena superior o igual a la de dos años. Hasta la fecha, sólo ha habido una condena por un proceso penal.
La policía no puede entrar legalmente en una casa sin una orden judicial, ya sea ocupada o en propiedad. “Normalmente, si tenemos las ideas claras, la puerta bien cerrada y conocemos la ley, no se arriesgarán a tener un lío en un juzgado por un desalojo ilegal”, explica la página de internet okupatutmabien.net dedicada al asesoramiento de las okupas.
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