Unas 50 personas se encuentran encerradas desde las doce de la mañana en la madrileña catedral de La Almudena, según relata por teléfono una de ellas, Feli Velázquez, miembro de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Madrid. El templo permanece desde entonces clausurado. "Han cerrado la iglesia y la policía nos está invitando a que nos vayamos. Queremos que un sacerdote de la catedral medie ante el Ivima [Instituto de la Vivienda de Madrid] para que se pare la venta de viviendas sociales", declara Velázquez.
El Gobierno regional anunció a mediados de agosto la venta de 3.000 pisos del Plan Joven del Ivima al fondo de inversión estadounidense Goldman Sachs y a la inmobiliaria española Azora por 201 millones. Era casi un 20% más que el precio fijado de salida (168,9 millones). En total, son 32 promociones repartidas en 11 municipios madrileños y, según prometió la Comunidad, los actuales inquilinos no notarán “ningún cambio” en sus condiciones del alquiler y podrán ejercer el derecho a compra “al precio que ya conocen”. Sin embargo, los encerrados sostienen que les "van a subir el alquiler", no podrán hacer frente al pago y "en menos de dos meses" estarán en la calle.
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Según el testimonio de Velázquez, los encerrados, que portan pancartas contra el Ivima, están sentados en unos bancos rodeados de unos 20 agentes de la Policía nacional y de "algunos agentes más" de la Policía Municipal. "Y fuera, en la calle, están las furgonas de los antidisturbios", añade Velázquez, que sostiene que no se van a mover de la catedral hasta que tengan "una respuesta favorable". La activista está indignada por la respuesta que han recibido por parte de uno de los curas de La Almudena. "Se nos ha acercado un cura y nos ha preguntado que qué hacen aquí tantos árabes. Es de un racismo tremendo", comenta en referencia a sus compañeros de protesta, en su mayoría magrebíes.
¿Por qué piden que un cura haga de mediador y por qué eligen La Almudena para la protesta? "El Papa les ha dicho a los curas que estén al lado de los pobres, de los desahuciados, así que queremos que se comprometan, que hagan algo. Son personas que están casi en la exclusión y si se quedan sin sus casas ya no tendrán nada", denuncia la activista. En la actualidad, los afectados pagan "200 euros y les han dicho que ahora serán a partir de 500 lo que Goldman Sachs quiera". No hay nada concreto todavía. "No saben cuánto será en total, pero sí que tendrán que pagar la comunidad, el IBI y el alquiler. 'Nosotros estamos aquí para ganar dinero', les han dicho", critica atropelladamente Velázquez mientras habla con los agentes y tranquiliza a varias vecinas.
Una de ellas es Sara Arabia, de 40 años y vecina de Vallecas. Vive desde 2008 en un piso del Ivima en Valdecarros, un barrio nuevo en el ensanche del distrito. Está casada "con un marido en paro" y ella es ama de casa al cargo de tres hijos menores, uno de ellos "con una discapacidad del 72%". "Mi marido es español", recalca, y cuando se le pregunta su nacionalidad dice que es marroquí pero que se nacionalizó, como si no acabara de creerse que ya es española también.
Se siente estafada y sola frente a tantos problemas. "Cuando fuimos a firmar el contrato de alquiler del piso nos dijeron que era para toda la vida mientras pagáramos... y nosotros pagamos", critica por teléfono. En concreto, su piso de Vallecas les cuesta "212 euros al mes", dice con la precisión del que sabe muy bien lo que cuesta vivir frente a aquellos que solo lo imaginan.
"Recibo una ayuda mínima por la discapacidad de mi hijo y mi marido cobra el paro, te voy de decir cuánto exactamente, 749 euros, con los que pagamos el piso, la comida y el colegio de mi hijo discapacitado, 250 euros al mes por ir los sábados". "Un trabajador social nos dijo que necesitábamos ayuda y llevamos tres meses esperándola, se lamenta Arabia, que solo pide que, si no la ayudan, al menos la dejen como está. "No van a respetar el contrato, no van a respetarlo", repite una y otra vez sobre sus nuevos caseros. "¿Dice que si salimos ahora no seremos detenidos?, ¿qué dice de una multa, yo no puedo pagar una multa", interrumpe su relato para hablar con un agente. Tiene "una pastilla debajo de la lengua" y no sabe qué les va a pasar ahora.
Sobre las dos y media, la policía los ha sacado de La Almudena por "la puerta de atrás", agarrándolos uno a uno del brazo "pero correctamente", según explica Velázquez ya en la calle. Los han identificado y, aunque en principio parecía que los que no llevaran carné acabarían en la comisaría, entre ellos la activista, luego los han dejado marchar. "Cuando le hemos preguntado a un agente por qué teníamos que irnos, nos ha dicho que la iglesia les ha denunciado por ocupación ilegal", concluye Velázquez.
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